Altos cargos, altas «cargas»

A la inmensa mayoría de los ciudadanos ya no les cabe la menor duda de que los políticos manejan el dinero de todos a su antojo y es habitual que destinen nuestros impuestos a fines que no son las verdaderas prioridades de la sociedad.

No hay tampoco ninguna duda de que los políticos, sean del signo que sean, poseen una asombrosa facilidad para entenderse cuando de lo que se trata es de fijar o incrementar sus propios sueldos.

Desde las corporaciones locales, incluso desde ayuntamientos de pequeño tamaño, nos llegan con frecuencia informaciones sobre esa sorprendente capacidad política de quienes encarnizadamente critican y se oponen a las iniciativas más diversas del equipo de gobierno o de la oposición y al mismo tiempo muestran la más absoluta armonía a la hora de fijar el porcentaje de subida de todas sus nóminas.

Siendo eso llamativo, lo es mucho más la creación expresa de puestos de asesor o persona de confianza, que habitualmente recaen, no en las personas más idóneas para el puesto sino en familiares, amigos, compañeros de colegio…

A medida que el organismo público tiene un mayor tamaño e importancia, la creación de esos cargos de confianza y muy especialmente el número de la “camarilla” de asesores se va multiplicando proporcionalmente.

El común de los mortales podría pensar que si quienes ocupan puestos importantes fueran sólo personas sobradamente preparadas, nos ahorraríamos un “pastizal” en los sueldos de esos asesores, porque serían innecesarios; pero no parece que la buena gestión de los caudales públicos contemple la posibilidad de eliminarlos, así que muy a nuestro pesar tendremos en seguir contribuyendo al pago de sus nóminas.

Sucede en las comunidades autónomas y muy especialmente cuando para gobernarlas se hacen imprescindibles los pactos entre dos o más partidos políticos; entonces hay que contentar a todas las partes y qué mejor que hacerlo con puestos de asesoría y especialmente con la designación de altos cargos, aunque la talla de algunos no sea la que se podría considerar mínimamente exigible.

En este país, donde cada día se nos recuerda que no hay dinero para las pensiones porque disminuyen los trabajadores que cotizan y especialmente porque va aumentando la esperanza de vida de los jubilados, nadie quiere tomar en consideración que el pago de ese derecho ganado durante años de trabajo sea una partida más de los presupuestos, como la educación, la sanidad, la seguridad, el ejército, las ayudas sociales…

Pero sí hay dinero para crear nuevas vicepresidencias y nuevos ministerios, que así lo requiere el gobierno progresista de coalición y con más gente en el gobierno se presupone que las necesidades de la ciudadanía estarán mucho mejor atendidas.

Y lo hay para distribuirse, cifra maldita donde las haya, los 666 altos cargos designados por el gobierno, que incluso siendo “bajitos” algunos de los hombres y mujeres afortunados en el reparto, van a percibir sueldos muy superiores a los del propio presidente y sus 22 ministros, varones y hembras.

Algo que difícilmente sucede en las empresas, ocurre en la política y no deja de ser paradójico; es difícil de entender que quienes ocupan escalones intermedios cobren mucho más que quienes están situados arriba, sus jefes, mujeres y hombres (que luego Maricarmen se sulfura por no usar el lenguaje inclusivo).

Pocos, suficientes, muchos, demasiados… altos cargos, lo evidente es que su prolífica existencia nos supone muy altas “cargas”.