La Comunidad aprueba modificar el Tribunal Administrativo de Contratación Pública
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica la denominación y regulación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública. Así, la entidad pasa a denominarse Tribunal Administrativo de Contratación Pública y Transparencia de la Comunidad y estará compuesto por un presidente y dos vocales, seleccionados entre funcionarios de carrera, por concurso de méritos en convocatoria pública.
Los tres desempeñarán su función, por un período de seis años improrrogables, yen régimen de dedicación exclusiva, como medio de garantizar su independencia, imparcialidad y total objetividad. Será la Asamblea de Madrid la que ratifique en última instancia a los candidatos propuestos, por mayoría de tres quintos del Pleno. Como competencias destacan, entre otras: la resolución de recursos especiales en materia de contratación; tomar decisiones sobre la solicitud de medidas provisionales sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y servicios postales; tramitación de procedimientos y resolución de cuestiones de nulidad contractual, etc.
Además, y en materia de transparencia, será el órgano competente para resolver reclamaciones contra la denegación, expresa o presunta, de acceso a la información pública y, por otro lado, la iniciación, instrucción y propuesta de resolución de los expedientes sancionadores de los altos cargos de la Comunidad de Madrid. Para el ejercicio de sus funciones, el Tribunal actuará en Pleno o a través de su presidente.Las resoluciones que dicte este Tribunal agotan la vía administrativa y podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Garantizar los derechos de los ciudadanos
Con la finalidad de evitar que la supresión del Consejo Consultivo supusiera una merma de los derechos de los ciudadanos y garantizar al mismo tiempo el cumplimiento de los principios de imparcialidad e independencia, eficacia, racionalización del sector público y estabilidad presupuestaria, se encomendó sus competencias a dos órganos con garantías de independencia aunque incluidos en la estructura organizativa de la Administración de la Comunidad de Madrid: la Comisión Jurídica Asesora y el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.