Justicia de colores
No es necesario explicar a nadie que las leyes, todas las leyes, están para cumplirlas e incluso el desconocimiento de las mismas no exime a nadie de su cumplimiento.
Quien conscientemente o en un arrebato se salta las leyes y comete un delito, uno cualquiera de todos los contemplados en nuestro Código Penal vigente, debe saber que recibirá el castigo que en él se establece.
Aun no siendo la justicia una “ciencia exacta”, a iguales delitos deberían corresponder idénticas condenas, independientemente del sexo o la raza de quien los comete.
Con relativa frecuencia conocemos idénticos delitos leves, graves o muy graves y nos sorprende que los jueces, brazo ejecutor de las leyes presentadas por el poder ejecutivo, el Gobierno de España, y aprobadas por el poder legislativo, el Congreso de los Diputados y el Senado, dictan sentencias que en algunos casos resultan muy dispares.
Asistimos en estos días al desarrollo, felizmente resuelto, del rapto de Aimar, un recién nacido en el hospital de Basurto, por parte de una mujer joven, al parecer “obsesionada” con la idea de tener un hijo, que antes de lograrlo había hecho otros intentos, sin éxito, en otras habitaciones.
Dejando al margen las responsabilidades que correspondan a quienes deben velar en todo momento por la seguridad de todas las personas hospitalizadas, es necesario señalar que las evidentes “facilidades” de las que gozó la autora del hecho no pueden restar de ninguna manera importancia a su delito.
Que la mujer, tras haber resuelto con aparente “éxito” su plan delictivo, abandonara al recién nacido sobre el felpudo de una vivienda, al verse registrada por las cámaras del hospital, aconsejada por alguien de su entorno o por su propio arrepentimiento, no quita importancia al rapto.
Si una vez “abandonado” el bebé hubiera decidido entregarse voluntariamente sería un atenuante, pero eso no fue lo que hizo, posiblemente porque aún confiara en que no la iban a detener.
Sorprende que la jueza de guardia, tras interrogarla, después de que forenses especializados en psiquiatría hicieran su valoración profesional y sólo nueve horas después de que hubiera sido detenida por la Ertzaintza, decidiera ponerla en libertad provisional con cargos pero sin medidas cautelares.
El padre de Aimar tiene todo el derecho a considerar una “vergüenza” la puesta en libertad de la persona que durante casi ¡doce horas! mantuvo a su hijo lejos de su familia.
La ciudadanía no sale de su asombro y manifiesta su indignación ante semejante “magnanimidad” de la justicia y son muchos los que se preguntan si se habría actuado de manera idéntica si el rapto planeado hubiera sido ejecutado por el novio de la detenida.
Si el autor hubiera sido el varón ¿se habría actuado judicialmente de la misma forma?, ¿se habrían tomado medidas cautelares?, ¿estaría hoy en prisión a la espera del juicio?, probablemente ahora no estaría en la calle.
Esa libertad enciende el enfado del padre de Aimar, que ya ha anunciado su intención de solicitar una orden de alejamiento, por más que la autora del delito haya solicitado su ingreso voluntario en una institución psiquiátrica.
Desde la distancia la observamos confiados en que sea igual para todos, pero en algunas ocasiones, la Justicia es de distintos colores.