Una responsabilidad compartida
En cualquier democracia consolidada de nuestro entorno, el servidor público que con su empecinamiento personal por sacar adelante, contra viento y marea, una ley “fallida”, que al aplicarse provocara centenares de reducciones de condena a delincuentes sexuales, con la consiguiente puesta en libertad de varias decenas de ellos, ya estaría en su casa, o en el mejor de los casos buscándose la vida en alguna actividad de la empresa privada.
Estaría fuera bien por la asunción del fracaso personal presentando una dimisión digna y pidiendo perdón a todas las mujeres afectadas por la aplicación de “su” ley, bien por haber sido destituida por quien dentro del Gobierno, tiene la potestad de nombrar y cesar a cualquiera de sus ministros.
El diseño de unos trenes que no cabrían en los túneles de Cantabria y Asturias ha provocado la “dimisión” de la Secretaria de Estado de Transportes y del presidente de Renfe pero nadie carga con el “muerto” de las rebajas de condena siendo un hecho de mayor gravedad.
Todos recuerdan ahora lo que ya advertían en los meses previos a una aprobación que ya entonces generaba demasiadas dudas y unos “efectos indeseados” que como una herida abierta sigue “supurando” rebajas de condena cada día.
Se ha demostrado con la apabullante tozudez de las cifras que lo que aseguraba a mediados de noviembre la promotora de la ley y máxima responsable del desaguisado, la madre de los hijos del que fuera vicepresidente, “no se conoce, ni se va a conocer una sola reducción de penas, es propaganda machista”, era un absoluto “atrevimiento”.
Nos cuenta Bolaños, Ministro de Presidencia, que “siguen hablando y dialogando en forma constante”, pero no parece ser que lo hagan con los socios comunistas del gobierno de Sánchez, si tomamos por ajustadas a la realidad las palabras de Echenique, portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, quien ha asegurado que ”lamentablemente el PSOE no quiere sentarse a negociar la ley”.
Cualquier profano en temas legales pensaría que es urgente detener la “sangría” de rebajas de pena y excarcelaciones, que es imprescindible dejar cualquier otro asunto a un lado y ponerse a “reparar” la chapuza que ha desencadenado este desastre y ha provocado la indignación general.
Es el momento de asumir responsabilidades, admitir los errores y tratar de corregirlos de forma inmediata; el daño, gravísimo, ya está hecho, pero puede ir a más cada día que pase sin una propuesta de reforma.
Es el momento de dejar a un lado cuestiones de partido y aceptar la cruda realidad que ha provocado la entrada en vigor de la ley; es de sabios rectificar y más hacerlo con rapidez cuando se cometen errores de semejante tamaño.
No estamos acostumbrados a ver que quien gobierna acepte la mano tendida de la oposición para reparar un daño que enfurece a toda la sociedad, pero cuando la situación lo requiere, es momento de agachar las orejas y asumirlo.
No, no es una buena ley, la mayoría lo acepta y exige cambiarla, mejor hoy que mañana, aunque sobre las tonalidades moradas de su texto haya que darle unas buenas capas de pintura de otros colores.
No haberla reformado ya es una responsabilidad compartida de todo el Gobierno, socialistas y comunistas, que desde su origen se sentían “orgullosos” de haberla puesto en marcha.
Por más que el CIS quiera “hacernos ver” que el desgaste afecta sólo o los segundos, nadie tiene la menor duda de que ambos lo pagarán muy caro en las urnas.