Galapagar consolida su oficina Antiokupación
Hace un año, el Ayuntamiento de Galapagar daba un paso al frente con la creación de la Oficina Municipal de Apoyo frente a la Ocupación, convirtiéndose en uno de los primeros municipios en implantar un servicio específico para atender esta problemática desde el ámbito local. Hoy, doce meses después, el balance confirma la utilidad de una herramienta que ha ofrecido atención directa, orientación jurídica y coordinación policial a los vecinos afectados.
Durante este primer año de la Oficina Antiokupación se han registrado 25 consultas, de las cuales el 48% han estado relacionadas con ocupación ilegal, un 21% con conflictos arrendaticios, un 12% con riesgo de ocupación y otro 12% con problemas de convivencia vinculados a estas situaciones.
La Oficina nació con un objetivo claro: no permanecer impasibles ante una preocupación creciente entre los vecinos. Aunque las competencias municipales son limitadas en esta materia, el Ayuntamiento decidió actuar dentro del marco legal para ofrecer información rigurosa, acompañamiento y coordinación institucional.
El servicio se ha articulado sobre tres pilares fundamentales:
- Atención presencial personalizada, que permite estudiar cada caso con detalle.
- Orientación jurídica especializada, explicando con claridad las vías civiles o penales disponibles, la documentación necesaria y los plazos judiciales.
- Intervención operativa de Policía Local, con inspecciones, identificaciones, mediaciones y levantamiento de actas cuando ha procedido.
En total, la Policía Local ha realizado 9 inspecciones o visitas, 8 mediaciones, 6 identificaciones de ocupantes y 5 intervenciones relacionadas con enganches ilegales, además de 11 informes y comunicaciones oficiales.
Uno de los elementos diferenciales del servicio ha sido su enfoque preventivo. La creación del Registro de Viviendas en Riesgo y el refuerzo de la vigilancia en determinadas zonas han permitido anticipar situaciones potenciales de ocupación. Entre las tendencias detectadas destacan el aumento de enganches ilegales a suministros, la prolongación en el tiempo de determinadas ocupaciones por la lentitud judicial y la creciente demanda vecinal de asesoramiento ante inmuebles deshabitados. Además, la coordinación con Servicios Jurídicos y Servicios Sociales ha sido esencial en aquellos casos donde existían situaciones de vulnerabilidad o presencia de menores, garantizando una actuación equilibrada y ajustada a la legalidad.
La experiencia acumulada durante este primer año ha permitido también clarificar expectativas. Tal y como recoge la memoria anual del servicio, muchas de las situaciones planteadas exceden las competencias municipales y requieren resolución judicial. La imposibilidad de ejecutar desalojos sin orden judicial, la necesidad de denuncia expresa del propietario o la falta de competencia en conflictos arrendaticios son algunas de las limitaciones existentes. Aun así, el Ayuntamiento ha logrado ofrecer algo fundamental: información clara, acompañamiento cercano y una respuesta coordinada que reduce la sensación de desamparo de los afectados.
Con este balance, el Gobierno municipal reafirma su compromiso con la defensa de la propiedad privada, la seguridad jurídica y la convivencia vecinal. La Oficina Antiokupación se consolida como un recurso útil y valorado, que continuará reforzando la prevención, la coordinación interdepartamental y la información a propietarios.
Galapagar fue pionero en la puesta en marcha de este servicio y seguirá trabajando para que quienes intenten instalarse al margen de la ley sepan que en este municipio hay vigilancia, coordinación y un Ayuntamiento comprometido con sus vecinos.