Veri*factu: el retraso que indigna al comercio y la hostelería
J. Fernández / CN
El aplazamiento de Veri*factu a solo 28 días de su entrada en vigor ha desatado un profundo malestar en el comercio y la hostelería. Lo que debería haber sido una modernización ordenada del sistema de facturación se ha convertido en un ejemplo de improvisación administrativa y desprecio hacia sectores esenciales de la economía.
Durante más de un año, miles de negocios se han visto obligados a actualizar cajas registradoras, TPVs, ordenadores y software para cumplir con los requisitos de la nueva normativa. Muchos han invertido entre cientos y miles de euros para no llegar tarde. Asesorías fiscales, empresas de software y proveedores tecnológicos han dedicado tiempo y recursos a adaptar sistemas y formar usuarios. Sin embargo, a finales de diciembre, el Ministerio de Hacienda anunció que todo quedaba aplazado un año más, hasta 2026.
El problema no es el retraso en sí —que incluso podría ser razonable—, sino el momento y la forma en que se ha producido. Anunciarlo a cuatro semanas del plazo final demuestra una falta absoluta de planificación y una falta aún mayor de respeto hacia quienes sí han cumplido. Lo que para la Administración puede ser un simple ajuste de calendario, para miles de pequeños negocios significa haber tirado a la basura dinero que les costó esfuerzo reunir.
El argumento oficial habla de “garantizar una transición ordenada” y dar más tiempo para perfeccionar el sistema. Pero es difícil creer esa explicación cuando el retraso llega en pleno clima político tenso, justo cuando el Gobierno necesita suavizar sus relaciones con JUNTS. La sensación general es que Veri*factu se ha convertido en una pieza más de negociación parlamentaria, y que los comercios y bares han sido utilizados como moneda de cambio.
Las consecuencias del aplazamiento son claras:
Equipos y sistemas recién adquiridos se depreciarán antes de usarse de manera obligatoria.
Los proveedores de software ven retrasada la amortización de su inversión.
Las asesorías tienen que rehacer calendarios y volver a explicar cambios.
La inseguridad jurídica se dispara: muchos temen que en 2026 vuelva a repetirse el mismo guion.
La hostelería y el comercio viven ya bajo una gran presión: inflación, subidas de costes, competencia feroz y constantes cambios normativos. Obligarles a adaptarse a un sistema para luego paralizarlo es una falta de sensibilidad que mina su confianza en las instituciones.
Lo ocurrido con Veri*factu demuestra, una vez más, que en España las normas se anuncian con prisas, se desarrollan sin previsión y se cambian según convenga políticamente, sin asumir las consecuencias. Los negocios han cumplido; la Administración no. Y mientras tanto, la factura de esta improvisación la pagan los mismos de siempre: autónomos, pymes, comercios y hosteleros que solo pedían claridad, rigor y respeto.