Es evidente que el «enfermo» no ha mejorado
Cuando falta poco para que se haga pública la sentencia, presumiblemente condenatoria, contra los políticos catalanes que se saltaron la legalidad y la constitución, el ambiente en aquella comunidad autónoma española, lejos de calmarse y regresar a la normalidad democrática, se ha ido enrareciendo día a día y es cuestión de tiempo que pueda saltar por los aires.
A sus dirigentes, más empeñados en restablecer sus “embajadas” para hacer creer al mundo que son un país que no son y que recuerdan, salvando todas las distancias, el presunto empeño del fallecido Michael Jackson tratando de ser blanco, les preocupa muy poco la fuga de empresas, ya más de 5.500.
Ni les importa que los niveles de inversión en Cataluña estén por debajo de la media del estado, aún a pesar de que desde 2009 hasta 2017 ha estado recibiendo financiación estatal por encima de la media.
Sus dirigentes, con Joaquim Torra a la cabeza, se han obstinado en lo que hoy por hoy es imposible, independizarse de España y han dejado en un segundo plano, cuando no en el olvido, la mayoría de los asuntos que realmente preocupan en el día a día a sus ciudadanos.
Poco ha cambiado el escenario desde que, envalentonados por controlar su parlamento, decidieran proclamar aquella “efímera” república y si lo ha hecho es para peor.
Con Carles Puigdemont huido de la justicia, su sucesor se ha crecido y da la impresión de que se hubiera grabado a fuego lograr lo que aquel no pudo conseguir, hacer de Cataluña una república independiente, cueste lo que cueste y pasando por encima de lo que sea necesario pasar.
Su negativa a retirar pancartas y lazos incumpliendo órdenes superiores raya la chulería más impresionante, parecen darle cierto aire de impunidad y podría hacerle creer que nadie va a pararle los pies, se salte las normas o pisotee la Constitución.
Se cumple en estos días un año de su tan famosa como inoportuna frase “Apretad, hacéis bien en apretar”, dirigida a los Comités de Defensa de la República y hace tan sólo tres días que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha enviado a la cárcel de Soto del Real a siete de los nueve miembros de esos CDR, acusados de formar parte de un nuevo grupo terrorista.
Será la justicia la que determine sus responsabilidades, pero los políticos harían bien no tratando de desprestigiar a quienes mantienen el orden y la legalidad, sino, en el mejor de los casos y con el beneficio de la presunción de inocencia, no “beatificar” tampoco a quienes ha quedado demostrado que manejaban explosivos e informaciones sobre objetivos.
No estamos en el mejor momento, con un gobierno en funciones y a punto de meternos de cabeza en una campaña breve pero intensa que nos llevará al pie de las urnas y configurará un nuevo Congreso y un nuevo Senado, en los que presumiblemente no habrá grandes sorpresas.
Sea cual sea el resultado, el gobierno que pueda salir de nuestros votos tendrá la enorme responsabilidad de enfrentarse seriamente al problema, coger por los cuernos al toro independentista y devolverlo al camino de la legalidad.
No será fácil máxime porque la sentencia elevará la “indignación” de aquellos que se creen en posesión de la razón absoluta y no aceptarán el veredicto del Tribunal Supremo.
Hoy por hoy y a la vista de los acontecimientos que se han ido sucediendo, es evidente que el “enfermo” no ha mejorado y ya hay numerosas voces que reclaman un “tratamiento” urgente, más efectivo que aquel “blando” y breve que les aplicó el gobierno de Mariano Rajoy.