Esperando la «poda»
Nos llega hoy mismo la noticia de que el vicepresidente segundo del Gobierno de España y ministro de Derechos Sociales, ha creado un órgano asesor con 60 vocales para la Agenda 2030, también dependiente de su cartera.
La “agenda” en cuestión se creó con los objetivos de acabar con la pobreza extrema, combatir las desigualdades sociales y el cambio climático, conseguir la igualdad de género y los derechos de las mujeres (no se dice nada de los derechos de los hombres) y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios sanitarios y a una educación de calidad.
Los políticos, al menos en teoría, rebosan buenas intenciones y los ciudadanos podemos llegar a entender que todo lo que hacen está encaminado a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos; el coste que todo eso suponga cae sobre los hombros de los contribuyentes, por lo que gastar un dinero que no sale de sus bolsillos no es inconveniente para llevar a cabo sus planes.
Sorprende que a día de hoy, en medio de la crisis económica galopante en que nos ha hundido la pandemia, cuando hemos tenido que recurrir a la solidaridad económica de la Unión Europea para ir “tapando” los agujeros más apremiantes, cuando muchas familias tienen dificultades para sobrevivir, cientos de empresas y miles de autónomos han tenido que cerrar sus negocios, mantengamos la mayor estructura de gobierno de todos los tiempos.
Si bien es entendible que en un gobierno de coalición el partido mayoritario se pueda ver forzado a repartir carteras para tener a todos contentos, las circunstancias de aquellos días de enero, cuando se produjo el “despendole” de ministerios, no son ahora ni de lejos las mismas y se hace necesario aligerar drásticamente y con urgencia el gigantesco entramado gubernamental.
El primer gobierno de coalición de la historia de España no pasará a la posteridad únicamente por “asociar” los colores rojo y morado, sino por ser el más numeroso y contar con más asesores.
La Administración Central tiene 259 altos cargos, hay 33 secretarías de Estado, 113 direcciones generales y 777 asesores, todo ello según datos de la organización que “vigila” la transparencia de las administraciones.
Parece llegado el momento de volver a unir las carteras que se trocearon y de eliminar un buen número de ellas, ¡fue bonito mientras duró!, con el fin de reducir todo lo posible el derroche en sueldos y gastos que llevan aparejadas las carteras y que sigue saliendo de los maltrechos bolsillos de los españoles.
Es previsible que, con el apoyo de sus socios de investidura, no llegue a nada la Proposición No de Ley (PNL) que el PP va a presentar para reducir el tamaño pantagruélico de la administración de Pedro Sánchez, pero como ante el más destartalado y desproporcionado árbol, tan anómala situación nos deja expectantes, esperando la “poda”.