Están condenados a entenderse

Las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 28 de mayo arrojaron unos resultados inequívocos con un apreciable varapalo a los partidos que a día de hoy se sientan en el Consejo de Ministros en torno a Sánchez, especialmente doloroso para Unidas Podemos.

Nadie pone en duda el considerable avance del Partido Popular en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y es un hecho que VOX ha logrado representación en todas las autonomías en las que se votó en mayo.

Aquellos resultados han hecho posible que el PP gobierne en más de 3.200 municipios de toda España, en los que residen 22,3 millones de habitantes, lo que equivale al 46,50% de la población de España.

Los concejales logrados le han permitido gobernar en una treintena de capitales de provincia, en 24 de ellas en solitario y en coalición con otras fuerzas en el resto; con VOX lo hará en cinco.

Por primera vez gobernará en los ayuntamientos de las dos capitales de Extremadura, las tres de Aragón, las tres de la Comunidad Valenciana y las ocho de Andalucía.

El cambio de color del mapa de España en cuanto a las autonómicas también reflejó una clara tendencia hacia el fin de ciclo, con contadas excepciones, que de trasladarse a las generales del 23 de julio podría suponer un cambio radical en el gobierno de España.

Casi nadie se rasga las vestiduras cuando los pactos más “variopintos” los hacen los partidos de izquierda, extrema izquierda o izquierda extrema, incluso si se apoyan en separatistas o herederos políticos de la banda terrorista que para algunos actuó en el pleistoceno.

Pero es oír que lo hagan o lo puedan hacer  PP y VOX y entonces lo que algunos creen que se rasgan son los cielos, para dar paso a un “monstruo de dos cabezas” que arrasará con todos los logros democráticos y que por donde pase no volverá a crecer la hierba.

Donde el partido liderado por Feijóo no logró mayoría absoluta o suficiente, existe el legítimo derecho democrático a negociar acuerdos que incluyan la estabilidad de la legislatura en incluso compartir responsabilidades de gobierno, sea en Valencia (sin acento), en Murcia, Aragón, Baleares o Extremadura.

Ladran al unísono sobre lo de “cambiar alfombras rojas por líneas rojas” precisamente quienes, liderados por el que más nos ha mentido en los últimos años, sólo ven razonables “sus” pactos.

Conviene no olvidar las negociaciones del socialismo “sanchista” con los populistas/comunistas de Unidas Podemos para su acuerdo de gobierno, en las que como no había cargos para todos, se incrementaron ministerios, secretarías de estado y demás “prebendas” para que todos se dieran por satisfechos.

Es de sentido común que las cifras condicionan y no hay otra opción que el acuerdo, en la proporción que les otorgaron las urnas y cediendo cada cual en los aspectos de su programa que sólo las mayorías absolutas permitirían llevar a cabo.

Las encuestas, a día de hoy, dibujan una clara alternativa al gobierno social comunista de los últimos años, pero a falta de una mayoría absoluta del PP, pasa inexcusablemente por acuerdos razonables con VOX, que se pueden y se deben lograr sin recortes de derechos.

Sólo un entendimiento responsable de ambas formaciones evitará que del 23 de julio surja un nuevo “gobierno Frankenstein”, en el que sería problemático poder acomodar a todos los ocupantes del “camarote de las hermanas Marx”, otra vez con el visto bueno y la ayuda de separatistas y pro-etarras.

Para un cambio sin traumas, cuando los escaños propios no llegan a 176, todos están condenados a entenderse.