¡Ha sido él!

Hoy mismo ha comenzado la declaración en la Audiencia Nacional de José Luis Trapero, por los acontecimientos que tuvieron lugar en Barcelona, muy concretamente el 20 de septiembre y el 1 de octubre del año 2017, cuando él ocupaba el mando de la policía autonómica catalana, como “mayor” de los Mossos.

Los responsables políticos de la deriva independentista, que promovió y llevó a la práctica aquel referéndum ilegal ya fueron condenados por el Tribunal Supremo, con la salvedad de los más “avispados”, que pusieron tierra de por medio y en la actualidad se encuentran huidos, algunos de ellos parapetados tras unas actas de eurodiputados que, lamentablemente para ellos, podrían tener ya marcada la fecha de su caducidad.

No es necesario recordar que el gobierno de Sánchez logró que se apartara de la Abogacía del Estado a quien sostenía para ellos el delito de rebelión y que finalmente, las sentencias por sedición resultaran sensiblemente mucho más “ligeras”.

A quien en aquellos días ostentaba el mando policial autonómico, lo acusa ahora la fiscalía de “rebelión”, cargo que podrían rebajar a “sedición” cuando hayan escuchado los testimonios de todos los acusados.

Es evidente que todos somos responsables de nuestros actos y aunque el mayor Trapero, presumiblemente, pudiera estar condicionado por los mandos políticos que le tocaron en suerte, debe responder, por razones de su puesto, tanto por acción como por omisión, de lo que permitió hacer y de aquello que no evitó que se hiciera.

La fiscalía considera que en el caso concreto de la votación del 1 de octubre, nunca tuvo verdadera voluntad de impedirlo y que organizó un dispositivo policial que por su insuficiencia estaba condenado de antemano al fracaso y que no tomaba en consideración los acontecimientos con la contundencia que requerían, lo que hizo que no se pudiera llevar a la práctica lo que había ordenado tanto la propia fiscalía  como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Pesa como una losa sobre los mossos, la acusación de “pasividad”, tanto como la de “colaboradores” necesarios en el pírrico “éxito” de una consulta que tenían la obligación de impedir y que contrariamente mostró la sensación de que participaran en ella, ya que hay numerosos testimonios gráficos, no sólo a la hora de evitar las votaciones sino a la hora de retirar las urnas de los colegios, en las que se podía ver a algunos agentes ayudando a ponerlas dentro de los vehículos.

Así están las cosas en el comienzo de un juicio que podría durar dos meses y que en el mejor de los casos, cuando se produzca la resolución, puede suponer  sólo cuatro años de un máximo de once solicitados ahora por la fiscalía.

Cuando el propio presidente del Gobierno de España, investido gracias a la abstención de los separatistas que organizaron aquel referéndum ilegal, pidió “desjudicializar el conflicto”, ¿estaba dejando definitivamente a un lado su propuesta del debate preelectoral de “penalizar” los referéndums?, ¿había olvidado ya sus propias palabras sobre el cumplimiento íntegro de las condenas?, ¿insinuaba la posibilidad de conceder el indulto a los ya condenados?, ¿se había comprometido a una amnistía “diferida” para todos los sediciosos?.

Tiempo al tiempo, pero no nos sorprendamos si finalmente es José Luis Trapero, al que se podría conceder el beneficio de la duda de que actuara presionado por la “obediencia debida” a quienes organizaron la “fiesta”, acaba cargando con todo el peso del “muerto”.

Por ahora, son muchos los que lo señalan con el dedo como si realmente fuera él el “malo de la película”.