La legalidad no puede perder esta guerra


Era de esperar que, fuera la que fuera, los separatistas no iban a aceptar la condena del Tribunal Supremo a los políticos catalanes, la mayoría de ellos responsables de materializar hace dos años aquella brevísima “alegría” de su Declaración Unilateral de independencia.

Era previsible que la parte más enrabietada de esa casi mitad de los catalanes, saliera a las calles para mostrar al mundo su contrariedad, su frustración, su desencanto por un desenlace judicial que no podía ser otro.

Durante los últimos años se les ha llenado la boca gritando a los cuatro puntos cardinales que la suya era una pretensión justa y su “lucha” un planteamiento político pacífico.

Lo que es o no es justo lo deciden las leyes establecidas, no los políticos de turno que nacen, se establecen y desaparecen, algunos con más pena que gloria.

Es un hecho que el empecinamiento de los tres últimos presidentes de la Generalidad de Cataluña, comunidad autónoma tan española como lo puedan ser Cantabria, Galicia, Extremadura o Castilla y León, en “vender” a los ciudadanos catalanes la quimera de un país independiente, generó en casi la mitad de su población una ilusión imposible.

Imposible porque por encima de ellos, meros representantes del estado  Español en su comunidad, estaba y sigue estando la Constitución de todos, que en su artículo segundo establece de forma categórica que ”La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Es comprensible la desilusión de todos cuantos les creyeron a pie juntillas y vuelven a comprobar una vez más que los engañaron como se podría engañar a un niño para camelarlo ofreciéndole un caramelo que no tenemos al alcance de la mano.

No hubo normalidad, ni se produjeron las protestas pacíficas que nos habían “prometido”; la violencia se apoderó de las calles y quienes sencillamente estaban y siguen estando en contra del “proceso” separatista sufrieron los efectos de lo que “poéticamente” llamaron “tsunami democrático”.

Se han cumplido diez días de protestas, cortes de carretera, invasión del aeropuerto, destrozos millonarios en el mobiliario urbano, daños importantes en negocios, incluida una huelga “general” fallida y lo que es mucho más grave, ataques de auténtica guerrilla urbana contra las fuerzas de seguridad, mossos, policía nacional y guardia civil, que mermados en sus capacidades operativas por decisión política, se han jugado heroicamente la vida por mantener el orden esquivando el lanzamiento de adoquines, bolas de acero, bengalas y otros artefactos incendiarios de los más radicales.

No es admisible que se califique de puntuales “desórdenes públicos” lo que a los ojos de muchos españoles ha sido y pudiera seguir siendo una batalla.

Sorprende que Joaquim Torra no haya condenado la violencia, al menos para diluir en el olvido su ya histórico “¡Apretad, hacéis bien en apretar!”  y aparentemente se mantenga como juez y parte, víctima y verdugo, pirómano y bombero de la grave situación de su comunidad.

Sorprende que el presidente en funciones no haya tomado las decisiones que cabía esperar de él y le reclamaba la oposición y se haya limitado a una brevísima visita a Barcelona en la que sólo le faltó el “papamóvil” para evitarle los abucheos.

Sorprende que cuatro sindicatos policiales hayan criticado ante su director la “tibieza política” a la hora de frenar a los violentos, que los guardianes de nuestra seguridad no hayan contado con todos los medios antidisturbios que requería la situación, que algunos destacados y destacadas cargos públicos se hayan preocupado más por los separatistas “lastimados” que por los policías heridos.

No va a ser fácil, máxime cuando el tripartito que gobierna ese rincón de España acaba de pactar hoy mismo una resolución para seguir desobedeciendo las leyes y seguirá alentando las protestas callejeras.

Pero hay algo irrenunciable, la legalidad no puede perder esta “guerra”