¡Póngase a la cola!
Cuando estamos a las puertas de una campaña electoral en la que cada partido sacará a relucir lo mejorcito de sus inagotables “fuentes” de promesas, los ciudadanos, cansados ya de ver cómo sus “fuegos artificiales”, en el mejor de los casos nos deslumbran durante unos instantes y sin más se desvanecen, seguimos preocupados por asuntos más cotidianos, el trabajo, la familia, la vivienda, la educación, la seguridad… y especialmente la salud.
Si las cifras oficiales son “ciertas” y no se han recortado drásticamente, tal y como al parecer venía haciendo la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, habría en el conjunto de España, más de 1.500.000 ciudadanos en lista de espera para poder ser atendidos por especialistas y otros 600.000 esperando como agua de mayo que los llamen para poder ser intervenidos quirúrgicamente.
Estas cifras son, hoy por hoy, el primer motivo de queja de los españoles en cuanto a los servicios prestados por la sanidad.
El 31 de julio de 2018 entró en vigor el Real Decreto por el que se devolvía la “sanidad universal” al Sistema Nacional de Salud, sin necesidad de que los pacientes estuvieran asegurados.
Eso significa que tanto los residentes en España, los nacionalizados, los extranjeros residentes, los trabajadores transfronterizos, los pensionistas españoles residentes en el extranjero y los inmigrantes en situación irregular, tienen derecho a recibir asistencia sanitaria.
Esto, que a primera vista, debería ser un motivo de orgullo para todos, queda desvirtuado si se toman en cuenta las cifras anteriores, ya que evidencia las buenas intenciones de atender a todos, pero la incapacidad para hacerlo convenientemente, de tal manera que esas listas quedaran reducidas a la mínima expresión.
Los gobernantes tienen la capacidad de decidir a qué fines se destinan nuestros impuestos, pero no siempre lo hacen con buen criterio y lo mismo gastan millones de euros en un aeropuerto sin vuelos, que en una autovía sin coches o en otras infraestructuras públicas innecesarias.
Hay fuentes que hablan de que en el periodo comprendido entre 1995 y 2016, el propio estado y las comunidades autónomas “tiraron” más de 80.000 millones de euros en megaproyectos inútiles.
No les pedimos que sean espectaculares como para que lleguen a asombrarnos, sino prácticos para que nos sintamos sanos.
La salud es lo primero y todos los esfuerzos públicos deberían estar encaminados a hacer posible que cualquier persona que lo necesite pueda ser atendida convenientemente en un plazo de tiempo razonablemente corto, evitando en muchos casos que el paso de los días se convierta en el peor agravante de las dolencias.
Los políticos, locales, autonómicos o del gobierno de la nación tienen la enorme responsabilidad de velar por nuestro bienestar, dando prioridad a los asuntos que realmente importan y dejando a un lado los secundarios.
No es aceptable que sus decisiones no sólo no recorten sino que vayan incrementando las listas de espera, porque para algunos de los “números” que las integran, una llamada que los cite para dentro de un mes puede llegarles desgraciadamente tarde.