Una cuestión de memoria, dignidad y justicia
La sociedad española asiste perpleja a la publicación de las candidaturas electorales del País Vasco y Navarra presentadas por la coalición EH Bildu, considerados por todos como herederos políticos de ETA, al incluir en ellas a 44 etarras condenados por diversos delitos cometidos dentro de la actividad criminal que durante décadas desarrolló la banda terrorista; 7 de ellos fueron condenados por asesinato.
Aunque numerosas figuras destacadas del PSOE, ante la insistencia de los medios, han evitado dar su opinión sobre el tema, el marrón se lo ha echado a la espalda la ministra portavoz “son unas listas que no nos gustan”, ha manifestado Alegría, sin demasiada alegría y entusiasmo, dicho sea de paso.
Calviño considera que “la banda terrorista ha dejado de matar hace 10 años, es el pasado”; no como los crímenes del franquismo, que sucedieron hace SÓLO más de 4 décadas.
A García Page, presidente de Castilla-La Mancha por el PSOE le parece que la inclusión de etarras “es un problema de responsabilidad ética” y que personalmente a él “no se le ocurriría incluir en sus listas a un defraudador, un maltratador o un ladrón condenado”.
“Aunque sea legal, no lo concibo ni lo entiendo” ha declarado Fernández Vara, presidente socialista de Extremadura, que ha añadido “todo lo que tenga que ver con la presencia de quien haya tenido algo que ver con ETA en la vida pública me produce repugnancia”.
El también socialista Lambán, presidente de Aragón, que no alzó la voz cuando Sánchez pactó con Bildu, le pide ahora a su jefe que “rompa con Otegi”.
Parece lógica la postura de los tres, ciertamente defensiva, ya que el 28 se la juegan en sus autonomías y no está la cosa como para añadir un nuevo motivo que les haga perder otro puñado de votos y los pueda llevar a la oposición; tan lógica como la de la presidenta socialista de Navarra, que gobierna con el apoyo de los “bildu/etarras”.
Sorprende que el propio Sánchez no se haya pronunciado alto y claro sobre el asunto, en un sentido o en otro, aunque ha tenido la oportunidad de hacerlo en el Congreso de los Diputados cuando la oposición se lo ha “estampado en los morros”.
Para Urkullu, lehendakari del País Vasco, incluir a los etarras en las listas es “una falta de respeto de la izquierda abertzale hacia las víctimas”.
A la madre de los hijos del que fuera vicepresidente del primer gobierno de coalición de la democracia, el asunto le parece “normal”, ya que “es un partido democrático que elige a los candidatos que considera oportunos”.
¿Qué habría pasado si a alguno de los numerosos partidos democráticos que se presentan a las elecciones del 28-M hubiera “considerado oportuno” incluir en sus listas a alguno de los condenados por agresión sexual que ya haya cumplido su condena?, más concretamente ¿qué estaría pasando en las calles si alguno de los 108 delincuentes sexuales liberados gracias a las 1.079 rebajas de condena propiciadas por “su” fracasada ley de “Sisí” figurara en las listas de las municipales y autonómicas?.
La indignación general es proporcional a los efectos devastadores que ocasionaron tras décadas de atentados, extorsión, amenazas, sangre y muerte y es especialmente “sangrante” para las familias de sus víctimas en el caso de al menos dos de los etarras/candidatos, ya que se presentan en las mismas localidades en las que las asesinaron.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional analiza si se investiga si los candidatos “bildu/etarras” incluidos en las listas “han cumplido íntegramente las penas de inhabilitación para ejercer cargo público y para sufragio pasivo, como exige la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para poder participar en unas elecciones”.
Mientras, si no podemos impedir que los terroristas vayan en las listas electorales, al menos nos quedará la posibilidad de NO VOTAR a quienes les apoyan, ni a quienes confraternizan con ellos, ni a los que se apoyan en sus escaños para gobernar España y especialmente al partido de quien gracias a ellos sigue disfrutando de su colchón en La Moncloa.
Es una cuestión de memoria, dignidad y justicia.