Una simple cuestión de JUSTICIA
El pasado mes de noviembre, una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo compuesta por ocho miembros, entre los que había uno del PSOE (Cristina Maestre), otro del PP (Dolores Montserrat), uno de VOX (Jorge Buxadé) y otro de Ciudadanos (Maite Pagazaurtundúa), visitó España.
Concretamente viajaron a Madrid y Vitoria con el fin de recabar información de primera mano de los crímenes de la banda terrorista ETA que continúan sin esclarecer tras décadas de actividad criminal y después de que en octubre de 2011 anunciaran el “cese de la actividad armada”, más que un alto el fuego, una rendición en toda regla forzada por la acción implacable de las fuerzas de seguridad y la acción de la justicia.
Aquellos europarlamentarios, que se reunieron con familiares de las víctimas, miembros de las fuerzas de seguridad y de la judicatura, elaboraron un informe que ha servido para que la comisión del Parlamento Europeo considere hoy los crímenes de la banda como “delitos de lesa humanidad”.
Considera que tan dolorosos hechos no deben estar sujetos a prescripción ni amnistía y pide que los beneficios penitenciarios que se pudieran aplicar a sus autores estén condicionados a su colaboración para esclarecer los atentados que aún siguen sin resolverse.
Según el Diccionario del Español Jurídico, los crímenes de “lesa humanidad” son aquellos que revisten una gravedad especial, como el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de la población, privación grave de la libertad o torturas, que se cometen como parte de un plan preconcebido, generalizado y sistemático contra la población civil o una parte de ella y con conocimiento de dicho ataque.
379 asesinatos de ETA continúan sin esclarecerse y sus autores no pueden “irse de rositas”; las familias de las víctimas tienen todo el derecho a que se haga todo lo posible por descubrir a todos y cada uno de los que planearon las muertes, de quienes accionaron los detonadores, de quienes apretaron sin ninguna piedad el gatillo de sus armas.
Sorprende echar un vistazo a las sentencias firmes de los mayores criminales de la banda, ver que a algunos de ellos les cayeron varios miles de años de condena y comprobar que ya recorren las mismas calles en las que algunas de sus víctimas fueron acribilladas o saltaron por los aires.
Ver que a muchos de ellos se les han aplicado beneficios penitenciarios y lo que es más sangrante, que incluso algunos se han hecho un hueco en las filas de partidos políticos con representación parlamentaria.
Pero si indigna que a quienes se juzgó y condenó les haya salido tan “barata” cada una de las muertes causadas, resulta especialmente imperdonable que sigan sin resolverse esos 379 asesinatos y que quienes podrían ayudar a dar luz mantengan su mutismo cómplice y aun así se les siga beneficiando con medidas como el acercamiento a las cárceles vascas, casi completado a día de hoy, para que sus familias no se vean obligadas a viajar a otras cárceles del resto de España.
La Comisión pide a las instituciones que eviten cualquier tipo de homenaje público a los terroristas que recuperan la libertad por producir más dolor a los familiares de sus víctimas y recomienda que en una futura reforma del Código Penal se establezca una pena que castigue esos homenajes.
Es evidente que ni los que han cumplido sus condenas, ni quienes todavía pueden ser responsabilizados de los asesinatos no resueltos, son héroes.
Es imperdonable que por intereses políticos, por un puñado de votos, alguien pueda hacerles concesiones.
Es una simple cuestión de justicia.