La amenaza de la “armonización fiscal”: más impuestos para todos
El Gobierno de centro derecha de la Comunidad de Madrid ha cumplido sus primeros seis meses de andadura. Más allá de las tensiones internas propias de un Gobierno de coalición sustentado por tres partidos, la lectura de lo conseguido en estos seis meses es positiva. Se ha superado el escepticismo inicial que suscitó la inexperiencia de Díaz Ayuso y las dudas, dentro y fuera de su partido, acerca de su capacidad para conseguir, en primer lugar, conformar un acuerdo de gobierno con Ciudadanos al que se sumaran los necesarios 12 diputados de VOX, y en segundo lugar, evitar que la entrada de Ciudadanos y el consiguiente reparto de carteras acabara derivando en dos gobiernos bajo una única presidencia. Seis meses después de firmado, de las 155 medidas que contemplaba el acuerdo, 101 de ellas están en curso y se han finalizado 16. En este corto espacio de tiempo, se han programado 630 actuaciones que permitirán el cumplimiento total del acuerdo, que a día de hoy ronda ya el 25%. En estos meses Isabel Díaz Ayuso ha confirmado su liderazgo dentro del partido, está marcando con guante de hierro y mano de seda la hoja de ruta y la relación -en ocasiones compleja- con sus dos socios, y se ha convertido en uno de los más importantes activos del PP y en el principal ariete regional contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Díaz Ayuso preside una comunidad boyante, que está recogiendo los frutos de años de políticas basadas en la bajada de impuestos y en reformas para eliminar las trabas a la creación de riqueza; políticas que han aportado confianza y estabilidad a la economía. Hoy Madrid es la región con el PIB más alto de toda España, creciendo a un ritmo del 3%, un punto por encima de la media nacional. 2019 se ha cerrado con el mejor dato de empleo de la serie histórica y con una tasa de paro inferior al 10%. Uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo se crea en Madrid. La comunidad también lidera la creación de empresas en España –una de cada cuatro se crean en la Comunidad- y ocupa la primera posición en atracción de inversiones. El Gobierno de centro derecha tiene el reto de mantener el liderazgo de la región como locomotora económica de España. Un objetivo que si el intervencionismo del Gobierno de Pedro Sánchez no lo impide, está al alcance de la mano. Así lo cree la presidenta Díaz Ayuso, que al presentar el balance del semestre felicitaba el trabajo de sus consejeros porque “hay una verdadera ilusión por el trabajo de mantener a Madrid como la primera economía de España”.
Pero no lo va a tener fácil. El Gobierno central ha puesto a la Comunidad de Madrid y a su presidenta en el punto de mira y se han convertido en el objetivo a batir. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiere poner coto a la baja fiscalidad de Madrid y ha anunciado que presentará una propuesta, en el marco de la financiación autonómica, para lo que llama “armonizar” los impuestos cedidos a las comunidades autónomas y acabar con lo que considera que es competencia desleal entre regiones. Para ello baraja establecer un fijo impositivo mínimo en los impuestos cedidos, como el tramo autonómico del IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, entre otros. Es falaz hablar de competencia desleal cuando todas las comunidades operan bajo las mismas reglas de juego y tienen la misma capacidad para decidir qué tipo impositivo aplican a los tributos sobre los que tienen competencia. En caso de querer verdaderamente armonizar fiscalmente a las regiones, debería ser a la baja, igualando la baja presión fiscal de Madrid al resto de comunidades, pero en la práctica, lo que se avecina es una subida de impuestos a los madrileños. Madrid ha demostrado que teniendo el tramo autonómico del IRPF más bajo, es la que más recauda por este tributo y también la que más aporta al Fondo de Garantía de Servicios Públicos que garantiza la equidad entre comunidades autónomas.
Hará bien el Gobierno de Madrid en seguir apostando por la libertad fiscal y defenderse ante cualquier tipo de intervencionismo del Estado en las competencias autonómicas, si es necesario en los tribunales. En estas primeras semanas de marzo va a ver la luz la primera Ley del Gobierno de coalición que la Asamblea de Madrid previsiblemente va a aprobar. Se trata, precisamente, de una Ley de deducciones fiscales para jóvenes que quieren ampliar sus estudios, para familias con mayores o dependientes a su cargo y para jóvenes que soliciten una hipoteca para emanciparse. Este es el camino a seguir que tanto molesta a Pedro Sánchez y a sus socios independentistas.