Parcialidad con los fondos europeos en la Comunidad de Madrid

El Ejecutivo que preside  Isabel Diaz Ayuso, ha decidido  presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra un decreto del Gobierno central por cómo se han distribuido nueve millones de euros  de los 140.000 millones  que corresponden a España y que representan apenas un 0,006%  de los fondos europeos Next Generation que autoriza Bruselas   para la promoción del empleo,  y es que a  juicio del Ejecutivo regional de Madrid han sido repartidos de modo sectario y partidista por parte del Consejo de Ministros.  En concreto por  la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de trabajo Yolanda Díaz  que concedía estas subvenciones  directas en   un reparto poco transparente que perjudicaba claramente  los intereses madrileños    con una distribución “arbitraria”, que  carece de transparencia, y que  no va  en consonancia  a los mecanismos de las ayudas comunitarias  que se decidieron  en las distintas reuniones  sectoriales que se han celebrado.

Y es que según  reza   el real decreto que se ha publicado en el  Boletín Oficial del Estado, ese dinero se distribuye en tres millones  para Navarra,  dos van a la Comunidad Valenciana que preside Ximo Puig ,  otros dos para la Junta de Extremadura,  y dos  más tienen como destino el País Vasco, curiosamente todas estas Comunidades están presididas o bien  por un Gobierno socialista o  son socios del Gobierno Central y su destino, según recoge  el texto publicado  tiene por objeto la ayuda para  proyectos de colectivos especialmente vulnerables, microempresas en apuros financieros y  apoyo al  emprendimiento.

 Bien distinto es lo que opina  el consejero de Economía y Hacienda regional de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, “Nuestra sorpresa llega cuando  ya en octubre el Consejo de Ministros, por real decreto, le asigna una subvención directa al País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura, sin justificación, y al margen del reparto aprobado y del cauce establecido”. 

Esto hace pensar al ciudadano de a pié que se trata de un dedazo clientelar   directo desde Moncloa  y supondría   un uso arbitrario medido con distinto rasero y no exento de cierto sectarismo en el reparto de los fondos europeos con los que nos  riega Bruselas que llegan  del plan de recuperación de España , de los cuales ya autorizó la entrega de 10.000 millones de ayudas a principios del mes de  diciembre pasado y que ya entonces la Comunidad de Madrid manifestó su desacuerdo en  los criterios de distribución de dichas ayudas económicas  que llegaban de Europa.

Es lícito que los ciudadanos  quieran que se aclaren estas dudas ya que tiene el derecho a conocer el uso de los recursos públicos que pagan con sus impuestos y por otro lado es obligación del Gobierno central dar cuenta de ello con transparencia absoluta 

Pero no solo es la Comunidad  capitalina la que no está de acuerdo con esta distribución del pecunio enviado desde la Unión Europea, sino que la Xunta  de Galicia y la Comunidad de Castilla y León también han optado por  solicitar por vía administrativa la solicitud de un reparto más equitativo y con una pronta resolución, aunque mucho nos tememos que ante  el trámite de la judicialización de los fondos este asunto no haga más que reactivar más recelos autonómicos y aumentar la desunión y falta de confianza  entre territorios.

 Estas confrontaciones  entre comunidades y sus diferencias  ante el reparto de los fondos,  según sea el color del Gobierno regional  (populares o socialistas y alguno de sus socios),  es un claro exponente de la batalla abierta  por controlar la recuperación económica. Si bien es cierto que  el maná  bruselense  de 140.000 millones  irá llegando a España en un período comprendido entre 5 y 6 años, la absorción de estos fondos será más lenta de lo previsto con el consiguiente perjuicio para el  agonizante tejido empresarial.    Además, estas diferencias  entre regiones y el Gobierno central de Sánchez  se puede complicar mucho más debido a que ya se ha puesto en marcha una complicada campaña electoral con las  Elecciones autonómicas en Castilla y León del próximo febrero  y las siguientes   generales  y municipales del año 2023, que desde luego prometen un par de años de lo más entretenido.